Elegir a quienes gobiernan no consiste en contratar a alguien durante cuatro años. Consiste en entregar poder para aprobar leyes, administrar recursos, dirigir instituciones y tomar decisiones cuyas consecuencias quizá sigan afectando a nuestros hijos cuando el rostro de ese político ya no aparezca en ningún cartel electoral.
Por eso sería deseable que nuestros gobernantes fueran buenas personas.
Pero no basta.
Una persona puede ser honrada, generosa con sus vecinos, cariñosa con sus hijos y sinceramente preocupada por los demás, y al mismo tiempo defender ideas capaces de arruinar la economía, debilitar las instituciones o enfrentar a la sociedad. Las buenas intenciones no corrigen los malos diagnósticos ni impiden las consecuencias de una decisión equivocada.
Un dirigente puede aumentar la pobreza intentando proteger a los pobres, destruir empleo tratando de defender a los trabajadores o reducir la libertad convencido de que está creando una sociedad más justa. También puede perjudicar a los empresarios mientras asegura estar salvando la economía, limitar derechos en nombre de la seguridad o abandonar a personas vulnerables porque cree que cada individuo debe resolver sus problemas sin ayuda.
Equivocarse con buena intención sigue siendo equivocarse.
Esa posibilidad existe en la extrema izquierda, en la extrema derecha y en todos los puntos intermedios. No hay una ideología que posea el monopolio de la bondad, la inteligencia o la estupidez. En cualquier partido pueden encontrarse personas decentes con ideas peligrosas, personas brillantes con pocos escrúpulos y mediocres que han aprendido a pronunciar discursos convincentes.
Hasta ahí, nada especialmente absurdo.
La chorrada comienza cuando elegimos gobernantes como si estuviéramos decidiendo qué concursante merece ganar un programa de televisión.
Nos fijamos en quién nos cae bien, quién habla como nosotros, quién insulta con mayor gracia al adversario o quién representa mejor el personaje que deseamos apoyar. Confundimos inteligencia con rapidez verbal, talento con carisma y bondad con la habilidad para emocionarse delante de una cámara.
Si además el candidato desprecia a las personas que nosotros despreciamos, puede parecernos todavía más inteligente.
Reconocer a un buen dirigente no es sencillo. Los medios seleccionan qué acontecimientos nos muestran, cómo los presentan y cuánto tiempo dedican a cada uno. Los algoritmos nos enseñan mensajes parecidos a los que ya nos gustaron ayer. La familia, la educación, el entorno y las distintas subculturas políticas nos proporcionan maneras diferentes de interpretar los mismos hechos.
Dos ciudadanos pueden contemplar al mismo político y ver cosas completamente opuestas. Uno percibe firmeza donde otro observa autoritarismo. Uno escucha sensibilidad social; otro, irresponsabilidad económica. Uno admira su capacidad para defender unas convicciones; otro teme su intolerancia.
No existe un detector infalible de gobernantes peligrosos.
Pero sí hay señales.
La primera es ofrecer soluciones extraordinariamente sencillas para problemas muy complejos. El desempleo, la vivienda, la inmigración, la delincuencia, la desigualdad o la sostenibilidad de las pensiones dependen de numerosas causas y obligan a elegir entre alternativas con costes distintos. Quien afirma que puede resolverlas mediante una sola medida quizá no haya entendido el problema o confíe en que sus votantes tampoco lo entiendan.
Bajar todos los impuestos no garantiza por sí solo prosperidad. Subirlos tampoco garantiza servicios públicos excelentes. Endurecer cada pena no elimina automáticamente la delincuencia, del mismo modo que explicar sus causas sociales no protege a las víctimas. Prohibir los despidos no crea puestos de trabajo y liberalizar cualquier mercado no asegura que todos puedan acceder a él.
Las políticas públicas producen efectos secundarios, incentivos y costes. Un dirigente inteligente los reconoce. El demagogo los oculta y asegura que únicamente pagarán «los otros».
La segunda señal es la necesidad constante de dividir.
Hombres contra mujeres. Propietarios contra inquilinos. Empresarios contra trabajadores. Ricos contra pobres. Funcionarios contra autónomos. Inmigrantes contra españoles de origen. Madrid contra Barcelona. León contra Valladolid. Comunidades bilingües contra comunidades que solo poseen una lengua oficial.
Cualquier diferencia puede transformarse en una frontera moral.
A unos se les convence de que pretenden prohibirles hablar en su lengua cooficial. A los otros, de que van a expulsar el español de su propia tierra. Se explotan rivalidades regionales, diferencias culturales y agravios históricos hasta conseguir que ciudadanos con problemas semejantes se consideren enemigos.
Esto no significa que los conflictos sean imaginarios. Existen intereses enfrentados, desigualdades reales y desacuerdos legítimos. El problema aparece cuando el político no intenta resolverlos porque necesita conservarlos. Si dos grupos llegan a entenderse, dejan de necesitar al salvador que prometía proteger a uno del otro.
El dirigente peligroso siempre necesita un culpable.
Si la vivienda es cara, toda la culpa pertenece a los propietarios o toda la culpa pertenece a los inquilinos protegidos. Si los salarios son bajos, todos los empresarios son explotadores o todos los trabajadores son improductivos. Si existen problemas de integración, todos los inmigrantes son una amenaza o cualquier crítica a una práctica cultural es xenofobia.
La realidad pierde sus matices porque los matices dificultan gritar consignas.
Otra señal aparece cuando la discrepancia deja de considerarse un error y se convierte en una tara moral. Quien no comparte el programa ya no está equivocado: es un fascista, un comunista, un traidor, un parásito, un privilegiado o un enemigo del pueblo.
El mensaje suele reducirse a una amenaza:
«O nosotros o la destrucción».
El candidato no pide que comparemos propuestas. Nos exige elegir entre su persona y el apocalipsis. Si pierde, no ha ganado legítimamente otro partido: han vencido los enemigos del país, los ignorantes, los manipulados o quienes desean acabar con la democracia.
Curiosamente, todos aseguran estar salvándola.
También conviene desconfiar de quien jamás reconoce una duda, un error o un coste. Gobernar consiste en decidir con información incompleta y rectificar cuando los resultados contradicen las previsiones. Un dirigente incapaz de decir «no lo sé» tampoco podrá decir «me equivoqué». Necesitará manipular los datos, culpar a sus antecesores o inventar un enemigo que explique por qué su plan perfecto ha producido un desastre.
La inteligencia política no consiste en acertar siempre.
Consiste también en detectar pronto el error y corregirlo antes de convertirlo en una catástrofe.
Por eso importan menos las etiquetas que la forma de ejercer el poder. Un dirigente puede defender ideas firmemente conservadoras, socialdemócratas, liberales o ecologistas sin tratar como enemigos a quienes discrepan. También puede llamarse centrista y gobernar con arrogancia, incompetencia y desprecio por los límites institucionales.
La moderación no consiste en situarse siempre en el punto medio. Si una persona afirma que dos más dos son cuatro y otra sostiene que son seis, la respuesta moderada no es cinco. Ser moderado significa aceptar que uno puede equivocarse, respetar la legitimidad del adversario, renunciar al odio como instrumento electoral y comprender que gobernar un país no equivale a conquistar territorio enemigo.
Podemos votar a partidos distintos porque deseamos modelos diferentes de sociedad. Unos preferirán impuestos más bajos y mayor iniciativa privada; otros, servicios públicos más amplios y una redistribución mayor. Habrá desacuerdos sobre educación, medio ambiente, organización territorial, inmigración o costumbres.
Eso forma parte de la democracia.
Lo que no debería formar parte de ella es la obligación de odiarnos.
La mayoría tiene derecho a elegir gobiernos y orientar muchas políticas públicas, pero no a decidir qué ciudadanos merecen dignidad. Una democracia no obliga a todos a vivir conforme a las costumbres mayoritarias. Construye un marco común dentro del cual puedan convivir distintas formas de vida, siempre que respeten los derechos de los demás.
Eso tampoco significa que todas las ideas y conductas sean aceptables. Respetar a una persona no obliga a considerar respetable cualquier cosa que haga. El abuso de un niño, la violencia, la coacción o la explotación no se convierten en opciones culturales por el hecho de que alguien intente justificarlas. El pluralismo termina donde comienza el daño grave contra otra persona.
Pero entre imponer una moral única y aceptar cualquier comportamiento existe un espacio enorme: el lugar donde viven las sociedades libres.
También puede ser peligroso el buenismo, entendido como una compasión que se niega a examinar sus propias consecuencias. Defender a las personas con dificultades para acceder a una vivienda no exige presentar la ocupación ilegal como una forma inocua de vida ni convertir a cualquier propietario en responsable de solucionar la falta de vivienda pública. Probablemente algunos de quienes justifican con entusiasmo la ocupación descubrirían ciertos matices si alguien ocupara su casa.
Las ideas suelen parecernos más nobles cuando sus costes recaen sobre otro.
Ahora bien, denunciar ese buenismo tampoco justifica el extremo contrario. Defender la propiedad privada no permite eliminar garantías judiciales, ignorar situaciones de vulnerabilidad ni tratar a todas las personas afectadas como delincuentes idénticos. La crueldad no se convierte en realismo por reírse de la compasión.
Un dirigente inteligente distingue los casos. Uno peligroso necesita que todos parezcan iguales para aplicarles la misma consigna.
¿Cómo escoger, entonces?
Podemos observar si explica también los costes de sus propuestas y no solo sus beneficios. Si se rodea de personas competentes capaces de contradecirlo. Si respeta los controles institucionales cuando limitan su propio poder. Si modifica una medida que no funciona. Si puede defender a sus votantes sin negar los derechos de quienes jamás lo votarán.
También podemos preguntarnos qué necesita de nosotros para conseguir nuestro apoyo.
¿Nos pide que comprendamos un problema o que odiemos a alguien? ¿Nos ofrece decisiones difíciles o un culpable fácil? ¿Nos trata como adultos o nos promete que todo puede resolverse sin esfuerzo, sin renuncias y sin que nadie de nuestro grupo tenga que pagar nada?
La bondad es importante. La inteligencia y el talento también. Pero las tres cualidades deben ir acompañadas de prudencia, respeto por los límites y capacidad para aceptar la realidad cuando contradice la ideología.
No tenemos por qué votar todos al mismo partido. Ni siquiera sería deseable. Podemos elegir, entre las opciones más próximas a nuestros valores, a quienes menos necesiten dividirnos para gobernar.
Un país no necesita un salvador.
Necesita dirigentes suficientemente inteligentes para saber que no lo son.
