Las grandes causas suelen nacer alrededor de un problema verdadero. Una injusticia evidente, una persecución, una contaminación insoportable, una población privada de derechos o una crisis que exige actuar. Al principio, el objetivo resulta comprensible: acabar con aquello que hizo necesaria la movilización.
Sin movimientos organizados, muchas injusticias permanecerían intactas. Defender una causa exige tiempo, conocimientos, dinero, dirigentes, asociaciones y personas dedicadas profesionalmente a ella. Una indignación espontánea puede comenzar una protesta, pero difícilmente reforma leyes, mantiene servicios o cambia durante décadas las costumbres de una sociedad.
Hasta ahí, nada especialmente absurdo.
La chorrada comienza cuando el éxito de la causa amenaza la supervivencia de las organizaciones creadas para defenderla.
Mientras el problema es grave, ambas cosas coinciden: cuanto más crece el movimiento, mayor capacidad tiene para combatirlo. Pero, si alcanza buena parte de sus objetivos, aparece una contradicción. Reconocer el éxito supondría admitir que ya no hacen falta tantos cargos, departamentos, subvenciones, congresos, asesores, observatorios, campañas y expertos.
La victoria de la causa puede convertirse en la derrota profesional de quienes viven de ella.
Entonces resulta tentador descubrir que el problema era mucho más profundo de lo que parecía. Los grandes abusos disminuyen, pero aparecen otros más sutiles. Las conductas que antes parecían secundarias adquieren una gravedad inesperada. El significado de las palabras se amplía, las fronteras de la injusticia avanzan y el objetivo final se aleja cada vez que la sociedad se aproxima a él.
No es necesario imaginar una conspiración reunida en una habitación secreta. Las personas pueden actuar con absoluta sinceridad. Quien ha dedicado su vida a combatir un problema aprende a verlo en todas partes, se relaciona principalmente con quienes comparten ese diagnóstico y construye alrededor de él su identidad, su reputación y, a veces, su sustento.
Sus intereses y sus convicciones terminan apuntando en la misma dirección.
La sociología lleva mucho tiempo estudiando este mecanismo. Robert Michels formuló a comienzos del siglo XX la llamada «ley de hierro de la oligarquía»: incluso las organizaciones nacidas con ideales democráticos e igualitarios tienden a desarrollar dirigentes profesionales, jerarquías y grupos que controlan los recursos y la comunicación interna. Robert K. Merton describió después el «desplazamiento de fines»: las reglas y estructuras creadas como medios terminan convertidas en fines en sí mismas, hasta el punto de que conservar la organización puede importar más que cumplir la misión que justificó su nacimiento.
La causa deja entonces de tener una organización.
La organización empieza a tener una causa.
El feminismo permite observar esta tensión con especial claridad.
Sus primeras reivindicaciones denunciaban discriminaciones explícitas y fácilmente identificables: impedir a las mujeres votar, estudiar, administrar sus bienes, ejercer determinadas profesiones o actuar jurídicamente sin la autorización de un hombre; así como la terrible violencia física y psicológica dentro de la pareja.
En muchos países esas barreras fueron eliminadas y la igualdad formal avanzó de manera extraordinaria. Eso no significa que todos sus objetivos se hayan cumplido ni que la discriminación haya desaparecido. La situación tampoco es igual en todo el mundo: todavía existen numerosos países con leyes que limitan los derechos de las mujeres, y continúan problemas graves de violencia, coacción y desigualdad jurídica.
Pero precisamente por eso conviene distinguir entre los problemas graves que permanecen y la necesidad institucional de encontrar siempre otros nuevos.
El feminismo no es una organización única ni todas sus corrientes actúan igual. Sin embargo, una parte del movimiento se ha institucionalizado dentro de administraciones públicas, universidades, sindicatos, partidos, medios de comunicación, consultorías y asociaciones profesionales. La propia investigación académica ha estudiado cómo esa institucionalización ha introducido el feminismo en la política ordinaria, pero también cómo su profesionalización puede generar nuevas jerarquías, dependencia de la financiación y transformaciones de sus objetivos y estrategias.
Cuando miles de personas poseen un puesto, una carrera o una posición pública vinculada a la existencia permanente del machismo, esperar que todas anuncien espontáneamente que el problema ha disminuido y que parte de la estructura puede disolverse sería confiar demasiado en la naturaleza humana.
Resulta mucho más probable que cambie la definición del problema.
La impunidad existente ante la brutal violencia machista puede transformarse en que una simple discusión acabe con un hombre en el calabozo. La discriminación jurídica puede dar paso a la desigualdad estadística; esta, a los comportamientos cotidianos; después llegan los micromachismos, las palabras, los gestos, las explicaciones, la colocación de las piernas o la distribución de personajes en una película. Algunos de esos asuntos pueden merecer reflexión. La exageración consiste en presentarlos como etapas equivalentes de una misma opresión histórica y utilizar cualquier discrepancia entre hombres y mujeres como prueba automática de discriminación.
Cuanto menor es el problema, mayor debe ser el esfuerzo para hacerlo visible.
También puede aparecer una resistencia a reconocer cualquier avance. Si se admite que una sociedad ha mejorado mucho, disminuye la sensación de emergencia. Por eso la desigualdad debe describirse como estructural, ubicua y capaz de reproducirse incluso cuando las leyes son iguales y la mayoría de las personas rechaza abiertamente la discriminación. El enemigo ya no necesita manifestarse mediante una prohibición: puede ocultarse en una costumbre, una preferencia, una estadística o una frase cuyo significado verdadero solo reconoce quien domina la teoría.
La causa se vuelve así imposible de satisfacer.
Si una mujer elige una conducta tradicional, puede afirmarse que ha interiorizado el patriarcado. Si elige la contraria, demuestra que está liberándose de él. Si niega sentirse oprimida, su propia negación puede utilizarse como prueba de que la opresión es especialmente profunda.
Una teoría que interpreta cualquier resultado como confirmación ya no corre el riesgo de equivocarse.
Tampoco corre el riesgo de terminar.
El cristianismo ofrece un ejemplo histórico diferente. No comenzó simplemente como una asociación humanitaria moderna, sino como un movimiento religioso diverso nacido en el mundo judío y extendido por el Imperio romano. Sus seguidores fueron perseguidos de manera intermitente y, en determinados periodos, con enorme dureza. Durante sus primeros siglos, los cristianos eran una minoría que reclamaba poder practicar su fe y se presentaba como una comunidad moral frente al poder imperial.
La situación cambió radicalmente en el siglo IV. Constantino concedió tolerancia, propiedades, privilegios legales y fiscales a la Iglesia, además de intervenir en sus disputas internas. Con Teodosio I, el cristianismo niceno terminó convertido en religión oficial del Imperio, y una fe anteriormente perseguida pasó a estar estrechamente vinculada con el poder político. Los obispos adquirieron dignidad pública, autoridad social y capacidad para influir incluso sobre los emperadores.
La religión no desapareció al dejar de ser perseguida.
Se convirtió en institución.
A partir de entonces, defender la fe podía significar también defender propiedades, jerarquías, privilegios, tribunales, cargos y autoridad política. La Iglesia que había pedido tolerancia llegó en distintas épocas a perseguir herejías, limitar otras creencias y reclamar obediencia no solo espiritual, sino también social. Una doctrina fundada alrededor de una verdad trascendente no podía declarar que su tarea había terminado, porque siempre quedaban almas que salvar, errores que corregir y enemigos de la fe que contener.
Una institución que representa a Dios dispone de una dificultad añadida para reconocer que quizá ya posee demasiado poder.
Esto no convierte al cristianismo entero en una operación interesada ni elimina su influencia moral, cultural o asistencial. Del mismo modo, reconocer la institucionalización del feminismo no invalida todas sus reivindicaciones. El problema no es que una causa crezca, se organice y sobreviva. El problema aparece cuando su estructura queda protegida frente a cualquier evaluación de sus resultados.
El ecologismo muestra una evolución parecida, aunque tampoco deba simplificarse. Surgió como respuesta a problemas extraordinariamente visibles: ríos convertidos en vertederos, aire irrespirable, residuos industriales arrojados sin control, especies exterminadas y empresas capaces de trasladar sus costes ambientales al conjunto de la población. La creación de leyes, organismos y movimientos ecologistas consiguió mejoras que hoy parecen tan normales que olvidamos por qué fueron necesarias.
El hecho de que algunos problemas se hayan reducido no significa que la cuestión ambiental esté resuelta.
Cuando la gran industria contaminante ya está regulada, el foco puede desplazarse hacia la pajita, la bolsa, la ducha, el tipo de alimentación, las vacaciones o la culpa individual. El ciudadano deja de ser una persona que debe apoyar políticas razonables y se convierte en un pecador ambiental que ha de demostrar pureza mediante pequeñas renuncias.
Algunos de esos comportamientos tienen consecuencias reales. Lo absurdo es perder la proporción y tratar cada gesto como una batalla decisiva por la supervivencia del planeta.
Otro frente es que el clima terrestre ha cambiado siempre por causas naturales: variaciones orbitales, actividad solar, vulcanismo, cambios oceánicos y mecanismos internos que interactúan entre sí. Algunos son bien conocidos; otros se comprenden solo parcialmente, y sería una muestra de arrogancia afirmar que la ciencia actual ha identificado todas las piezas de un sistema tan complejo.
Las reconstrucciones del clima anterior a la era instrumental tampoco son fotografías exactas del pasado. Se elaboran mediante anillos de árboles, hielos, sedimentos, corales y otros indicadores indirectos. Permiten conocer tendencias y aproximaciones, pero contienen incertidumbres sobre las fechas, las temperaturas y la extensión geográfica de episodios como la llamada Pequeña Edad de Hielo.
Eso no invalida la investigación climática actual. La concentración de gases de efecto invernadero puede medirse, su comportamiento físico es conocido y los estudios disponibles atribuyen a la actividad humana la mayor parte —y, en su estimación central, prácticamente la totalidad— del calentamiento global neto observado desde finales del siglo XIX.
Pero una estimación central no es una revelación divina.
El propio IPCC —el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que revisa y sintetiza la investigación científica disponible— trabaja con intervalos de probabilidad y reconoce limitaciones en los modelos, en la representación de la variabilidad natural y en el conocimiento de determinados mecanismos. No afirma disponer de una maquinaria perfecta que reproduzca cada corriente oceánica, cada interacción atmosférica y cada posible factor todavía desconocido.
Por tanto, existen dos exageraciones contrarias. La primera consiste en negar cualquier influencia humana porque el clima ya cambiaba antes de la industrialización. La segunda, en presentar las estimaciones actuales como si hubieran cerrado para siempre toda posibilidad de revisión y permitieran conocer con precisión matemática qué porcentaje exacto corresponde a cada causa.
La ciencia debería poder decir: «Esta es la explicación que mejor encaja actualmente con las observaciones y este es nuestro margen de incertidumbre».
La religión comienza cuando se sustituye esa frase por: «La cuestión está cerrada, dudar es inmoral y cualquier política propuesta en nuestro nombre queda científicamente demostrada».
La crítica de los intereses no refuta la ciencia.
Pero la ciencia tampoco santifica todos los intereses que hablan en su nombre.
El mismo fenómeno aparece en ideologías opuestas. Un movimiento nacionalista puede nacer para obtener la independencia y, una vez conseguida, necesitar enemigos internos o amenazas exteriores que justifiquen que sus dirigentes sigan siendo los guardianes permanentes de la patria. Un partido creado para restaurar el orden puede descubrir que el país nunca está suficientemente ordenado.
Una organización revolucionaria puede afirmar que la transición hacia la libertad todavía necesita otra década de dictadura. «La dictadura provisional» es la versión más extrema de la causa interminable.
La Unión Soviética ofrece uno de los ejemplos más claros. Después de la revolución de 1917, los bolcheviques disolvieron en enero de 1918 la Asamblea Constituyente elegida cuando esta no aceptó la primacía de su gobierno. La supresión de periódicos críticos fue presentada inicialmente como una medida temporal, pero terminó convertida en una política permanente. Incluso la Checa, la policía política creada en diciembre de 1917 como una institución extraordinaria que debía desaparecer cuando el régimen se consolidara, dio paso a sucesivos organismos represivos que acompañaron al Estado soviético durante décadas.
La transición necesitaba una policía temporal.
Lo que terminó siendo temporal fue el nombre de la policía.
El mecanismo no pertenece exclusivamente a la izquierda revolucionaria. Después del golpe de Estado de Chile de 1973, el primer comunicado de la Junta Militar justificó la intervención por la crisis del país y afirmó que pretendía restaurar «el orden y la institucionalidad». El régimen encabezado por Augusto Pinochet permaneció en el poder durante diecisiete años. En 1988, el plebiscito no preguntó únicamente cómo terminar la dictadura, sino si Pinochet debía continuar gobernando durante otros ocho años; la mayoría votó que no.
La misión provisional de restaurar las instituciones había durado casi dos décadas y todavía solicitaba una prórroga.
No hace falta que todos los dirigentes mientan desde el principio. Algunos pueden creer sinceramente que solo permanecerán el tiempo imprescindible. El problema es que el poder transforma las circunstancias y también a quien lo ejerce.
Al principio, el gobernante se considera un servidor obligado a ocupar el cargo. Después descubre que él es la única persona capaz de mantener la estabilidad. Más tarde concluye que quienes desean sustituirlo no solo son adversarios, sino una amenaza para todo lo conseguido. Finalmente, proteger el país y proteger su propio poder se convierten en la misma cosa.
Alrededor del dirigente aparece además una estructura entera que depende de su continuidad: ministros, militares, policías, jueces, propagandistas, empresarios favorecidos y funcionarios que han participado en decisiones difíciles de explicar. Para todos ellos, el final del régimen puede significar perder el empleo, la influencia, el patrimonio o la impunidad.
El poder no ocupa únicamente un despacho.
Construye un edificio cuyos habitantes temen quedarse en la calle.
Cuantos más abusos se cometen durante la etapa provisional, más peligroso resulta abandonarla. Un gobierno que ha encarcelado adversarios, censurado periódicos o utilizado fondos públicos para premiar lealtades ya no contempla unas elecciones como una simple alternancia. La derrota puede abrir archivos, investigaciones y procesos judiciales.
En ese momento, mantenerse en el poder deja de ser solamente una ambición.
Se convierte en un mecanismo de defensa.
El caso de Hitler es diferente, pero revela otra variante del mismo peligro. No es exacto afirmar simplemente que «ganó unas elecciones y se convirtió en dictador». El Partido Nazi fue la fuerza más votada, pero Hitler no obtuvo una mayoría absoluta en unas elecciones libres ni fue elegido directamente canciller. El presidente Paul von Hindenburg lo nombró canciller el 30 de enero de 1933 mediante el procedimiento constitucional, mientras políticos conservadores creían que podrían controlarlo desde dentro del Gobierno.
El error no consistió solo en que muchos ciudadanos lo apoyaran.
Consistió también en que las élites pensaron que podrían prestarle el poder sin perder el control sobre él.
Después del incendio del Reichstag, el régimen suspendió libertades fundamentales y persiguió a sus adversarios. En marzo de 1933 se aprobó la llamada Ley para remediar la situación de necesidad del Pueblo y del Reich, conocida como Ley Habilitante. Permitía al Gobierno dictar leyes sin la aprobación del Parlamento e incluso apartarse de la Constitución. La votación se produjo cuando numerosos diputados comunistas y socialdemócratas estaban detenidos, escondidos o impedidos de asistir, y bajo la intimidación de las fuerzas nazis.
La ley tenía, al menos sobre el papel, una vigencia de cuatro años. Hitler afirmó que utilizaría aquellas facultades limitadas únicamente cuando la emergencia lo exigiera. En 1937 se prorrogó. Volvió a prorrogarse en 1939 y, en 1943, se declaró permanente. Para entonces ya no existían unas instituciones independientes capaces de negar la renovación.
La provisionalidad había cumplido su función principal: durar el tiempo suficiente para destruir todo aquello que podía hacerla provisional.
Hitler demuestra que el peligro no exige necesariamente un golpe militar. Una democracia también puede desmantelarse desde dentro cuando sus instituciones entregan facultades excepcionales a quien pretende utilizarlas contra ellas. Los mecanismos legales no vuelven democráticos todos los resultados obtenidos mediante ellos. Una mayoría parlamentaria puede aprobar la ley que vacíe de poder al propio Parlamento.
La puerta de una dictadura puede derribarse. También puede abrirse con una llave perfectamente reglamentaria.
Por eso no basta con preguntar si un gobernante ha llegado legalmente al poder. También importa qué hace después con los tribunales, la prensa, la oposición, las elecciones y las normas que permiten sustituirlo. La democracia no consiste únicamente en entrar correctamente en el Gobierno, sino en conservar abierta la posibilidad real de salir de él.
Tampoco debemos caer en el error infantil de pensar que el peligro depende solo de la ideología. La izquierda puede justificar la concentración del poder para alcanzar la igualdad. La derecha puede hacerlo para restaurar el orden, defender la nación o detener una revolución. Un movimiento religioso puede prometer custodiar la moral hasta que la sociedad recupere sus valores. Un gobierno tecnocrático puede suspender la política hasta que los ciudadanos aprendan a votar responsablemente.
Las causas cambian.
La frase final se parece mucho: todavía no podemos devolverles el poder.
Cada ideología posee un bien supremo capaz de justificar la espera. El problema es que, cuando no existen límites efectivos, la defensa de ese bien termina dependiendo por completo de quienes se han proclamado sus guardianes.
No hace falta pensar que toda persona que adquiere poder se convierte inevitablemente en un monstruo. Basta con reconocer que los seres humanos justificamos con enorme facilidad aquello que nos beneficia. El gobernante puede empezar diciendo que su presencia es necesaria y terminar creyendo sinceramente que su marcha sería una irresponsabilidad.
El poder no solo corrompe en el sentido más vulgar de enriquecerse o abusar.
También deforma la percepción.
Quien lleva años rodeado de subordinados puede confundir obediencia con respeto, propaganda con apoyo y ausencia de protestas con satisfacción. Cuanto menos escucha a sus adversarios, más irracionales le parecen. Cuanto más poder posee, más pruebas encuentra de que merece poseerlo.
Las ideologías discrepan acerca del paraíso. Coinciden con frecuencia en que todavía no ha llegado el momento de abandonar el poder.
El mecanismo puede encontrarse incluso fuera de la política. Una empresa contratada para solucionar un problema no siempre posee un incentivo para eliminarlo por completo si hacerlo acaba con el contrato. Un departamento creado para gestionar una crisis buscará nuevas funciones cuando la crisis termine. Un experto puede ser honrado y, al mismo tiempo, interpretar el mundo de una manera que confirme la importancia de su especialidad.
Cuando un problema alimenta una estructura, la estructura comienza a alimentar el problema.
Eso no significa que debamos disolver todas las organizaciones cuando consigan su primera victoria. Muchos logros pueden revertirse y algunas instituciones son necesarias para vigilar que se conserven. Un cuerpo de bomberos no debe desaparecer porque hoy no haya ningún incendio. Pero sí debe poder demostrar que previene y apaga incendios, en lugar de ampliar indefinidamente la definición de fuego hasta incluir cualquier aumento de temperatura.
Una causa sana debería poder formular objetivos verificables, reconocer avances, distinguir lo grave de lo secundario y admitir que algunas de sus estructuras ya no son necesarias. También debería permitir que se critique a sus dirigentes sin considerar esa crítica una traición a las personas a las que dice proteger.
Sobre todo, debería ser capaz de imaginar su propio éxito.
Cuando una organización no puede describir ninguna situación en la que reduciría su presupuesto, su poder o su presencia, ya no sabemos si desea resolver el problema o administrarlo eternamente.
Las causas justas pueden necesitar instituciones.
Lo peligroso comienza cuando las instituciones necesitan injusticias.
Una verdadera victoria permite celebrar que queda menos trabajo por hacer.
Una industria de la causa, en cambio, no puede permitirse vencer.