Hay una modalidad de solidaridad especialmente cómoda: la que se proclama desde una vivienda espaciosa y se financia con las llaves de otra persona.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más graves de España. Los alquileres han subido mucho más que los salarios, numerosos jóvenes no pueden independizarse y muchas familias destinan una parte asfixiante de sus ingresos a conservar un techo. Todo eso es cierto y exige medidas públicas contundentes.
El problema comienza cuando llega el momento de decidir quién debe pagarlas.
Construir vivienda pública cuesta dinero. Liberar suelo exige planificación. Agilizar licencias requiere reformar una Administración que puede tardar años en autorizar un edificio. Ofrecer ayudas directas obliga a incluirlas en los presupuestos. Son soluciones lentas, caras y poco apropiadas para una pancarta.
Resulta mucho más sencillo localizar a un propietario y comunicarle que, a partir de ahora, también forma parte de los servicios sociales.
El Estado reconoce el derecho a la vivienda, pero envía la factura a un ciudadano concreto. El político conserva el aplauso, el sindicato obtiene una victoria y el propietario aporta el piso, la rebaja, la prórroga obligatoria y, si es necesario, la paciencia. Es un sistema extraordinariamente eficiente para todos excepto para quien lo paga.
No todos los propietarios son humildes jubilados que alquilan la vivienda heredada de sus padres. Existen fondos de inversión, empresas inmobiliarias y personas con patrimonios enormes. También existen multiarrendadores con varias viviendas. No hace falta inventar una España habitada exclusivamente por bondadosos caseros con una pensión escasa.
Pero tampoco hace falta inventar la caricatura contraria.
Una parte muy importante del alquiler español pertenece a particulares que poseen una única vivienda arrendada. Puede ser el piso que heredaron, el que compraron antes de trasladarse a otra ciudad o el que adquirieron ahorrando durante muchos años. Algunos serán ricos; otros, sencillamente, intentarán complementar un salario o una pensión. Convertirlos a todos en especuladores es una manera bastante ingeniosa de luchar contra las clases privilegiadas empezando por la clase media.
Ahora bien, aceptemos por un momento el principio. Supongamos que la emergencia habitacional justifica intervenir la propiedad privada y obligar a determinadas personas a ofrecer alojamiento por debajo del precio que obtendrían libremente. No estoy de acuerdo, pero concedámoslo para comprobar hasta dónde llega nuestra coherencia.
En ese caso propongo aplicar una idea tradicionalmente muy apreciada por la izquierda: la progresividad.
Empecemos por quienes más tienen.
El Gobierno podría elaborar un censo de grandes fortunas, artistas millonarios, empresarios, altos cargos y celebridades comprometidas con el derecho a la vivienda. Después calcularía cuántas habitaciones necesita razonablemente cada familia. Una para la pareja, otra por cada hijo, quizá una adicional para invitados y un despacho cuando se demuestre que resulta imprescindible para preparar discursos sobre la desigualdad.
Las habitaciones restantes se incorporarían al parque de alquiler social.
No sería una expropiación, por supuesto. Utilizaríamos alguna expresión más tranquilizadora, como «movilización solidaria de espacios residenciales infrautilizados». Las palabras adecuadas consiguen que entrar en una casa ajena parezca una política pública innovadora.
Cada habitación podría alquilarse por cuatrocientos euros mensuales. El legislador declararía esos contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una duración mínima de cinco años, limitación de las actualizaciones y derecho del inquilino a utilizar la cocina, los baños, la piscina, el jardín y las demás zonas comunes. Si la vivienda tiene servicio doméstico, habría que estudiar su consideración como prestación complementaria, porque tampoco vamos a colocar al inquilino social en condiciones de desigualdad respecto del propietario.
Naturalmente, los anfitriones no podrían escoger a quienes ocuparan las habitaciones. Permitirles seleccionar al inquilino según su ideología, sus costumbres o su compatibilidad personal sería discriminatorio. La Administración realizaría la adjudicación utilizando criterios de renta y vulnerabilidad.
Imaginemos las posibilidades.
Un joven camarero podría instalarse en el dormitorio libre de un célebre actor comprometido con la justicia social. Una madre con dos hijos ocuparía la planta de invitados de una cantante de izquierdas. Un repartidor compartiría cocina con un ministro propietario de varias viviendas. Todos tendrían la oportunidad de comprobar que la convivencia y la solidaridad son conceptos mucho más interesantes cuando dejan de ser abstractos.
Las galas también ganarían emoción. Antes de preguntar a los artistas por su próxima película, el periodista podría interesarse por asuntos verdaderamente sociales:
—¿Cuántas habitaciones tiene libres?
—¿A qué precio piensa alquilarlas?
—¿Renovará el contrato de sus inquilinos?
—¿Por qué conserva una segunda residencia mientras hay personas que no encuentran vivienda?
Quizá las respuestas fueran menos elegantes que los discursos.
La izquierda cultural suele mostrarse extraordinariamente generosa con la propiedad privada siempre que la propiedad sea de otro. Reclama controles, prohibiciones, prórrogas forzosas y alquileres reducidos con la serenidad de quien sabe que la rueda de prensa terminará antes de que nadie examine su catastro.
El rojo de salón no rechaza exactamente la propiedad privada. Rechaza que los demás administren la suya sin atender a sus convicciones políticas.
Cuando se trata de su vivienda, aparecen inesperadamente el derecho a la intimidad, la seguridad jurídica, las necesidades familiares y el profundo vínculo emocional con cada metro cuadrado. Resulta que aquella habitación vacía no estaba realmente vacía: contenía recuerdos. La segunda residencia tampoco sobraba: era el lugar donde descansar del agotador esfuerzo de pedir sacrificios a la clase media.
No debemos limitarnos a los artistas. Después de los multimillonarios llegarían los millonarios; después, los ministros y altos cargos con varias propiedades; después, los grandes empresarios y las personas de clase alta. A continuación podríamos ocuparnos de la clase media alta con segundas residencias o habitaciones manifiestamente ociosas.
Solo cuando se hubieran agotado todos esos dormitorios, apartamentos, chalés y casas de vacaciones empezaríamos a estudiar la aportación del trabajador que heredó el piso de sus padres y lo alquila para complementar sus ingresos.
Sería un orden bastante lógico.
También sería fascinante contemplar la velocidad con que muchos partidarios de intervenir la propiedad privada descubrirían las virtudes del liberalismo.
Conviene aclararlo: no propongo realmente que el Estado introduzca inquilinos en las habitaciones libres de nadie. No quiero que un actor, una cantante, un ministro ni un empresario tengan que compartir su casa con personas elegidas por una oficina pública. Su vivienda es suya, aunque sea grande, lujosa y contenga más habitaciones de las que necesitan.
Precisamente ese es el argumento.
La propiedad privada no deja de merecer protección cuando pertenece a alguien menos famoso, menos rico o menos capaz de aparecer en televisión para defenderla. Si resulta absurdo convertir la mansión de una celebridad en una pensión pública, también debería parecernos cuestionable convertir el piso de un particular en la delegación más próxima del Ministerio de Vivienda.
Esto no significa que la propiedad sea un derecho absoluto. Existen normas urbanísticas, impuestos, obligaciones contractuales y límites destinados a proteger a los inquilinos. Un casero no debería poder incumplir un contrato, discriminar ilegalmente, conservar una vivienda en condiciones inhabitables o expulsar a una familia mediante amenazas. Regular un mercado no equivale a abolirlo.
Pero una cosa es establecer reglas y otra obligar a un ciudadano concreto a financiar con su patrimonio una política social diseñada por el Gobierno.
Si consideramos que una familia vulnerable necesita un alquiler de cuatrocientos euros, la sociedad debe proporcionárselo mediante vivienda pública, ayudas sufragadas con impuestos generales o acuerdos voluntarios acompañados de garantías e incentivos. Lo que no resulta razonable es que el Estado determine la cantidad que necesita esa familia y luego elija a otro ciudadano para que pague la diferencia.
La justicia social no consiste en seleccionar particulares para que sustituyan al presupuesto público.
España necesita construir mucha más vivienda, ampliar de verdad el parque público de alquiler, movilizar suelo, simplificar trámites, ofrecer seguridad jurídica y ayudar directamente a quienes no pueden pagar los precios del mercado. También puede negociar con propietarios que quieran incorporar voluntariamente sus viviendas a programas sociales a cambio de garantías, seguros y ventajas fiscales.
Todo eso exige gobernar.
Obligar siempre a otro exige únicamente un boletín oficial.
Por eso la propuesta del alquiler social en las mansiones no pretende ser un programa político, sino una prueba de coherencia. Si alguien cree que la emergencia permite disponer de la propiedad ajena, debería aceptar que la intervención comience por quienes poseen más. Si considera intolerable que el Estado decida quién duerme en sus habitaciones, quizá empiece a comprender por qué un pequeño propietario tampoco quiere que un ministro decida durante cuánto tiempo, a qué precio y bajo qué condiciones puede recuperar su vivienda.
La vivienda es una necesidad esencial y facilitar su acceso constituye una responsabilidad pública. Pero el derecho a la vivienda no significa el derecho a una vivienda concreta, en el barrio elegido y sufragada obligatoriamente por otra persona.
Los artistas comprometidos pueden donar dinero, adquirir viviendas para destinarlas a alquiler social o ceder voluntariamente las habitaciones que les sobren. Sería un gesto admirable. También pueden seguir defendiendo que el Estado construya vivienda pública y la financie mediante un sistema fiscal progresivo.
Lo único que resulta un poco menos admirable es exigir solidaridad siempre desde el patrimonio ajeno.
Así que, si algún día decidimos convertir a los propietarios en proveedores obligatorios de vivienda social, hagámoslo con justicia. Empecemos por los multimillonarios, continuemos con los millonarios y sigamos con quienes poseen varias casas. Cuando todas sus habitaciones estén ocupadas, sus segundas residencias incorporadas al parque social y sus piscinas debidamente compartidas, podremos llamar a la puerta del propietario de clase media.
Quizá para entonces ya hayamos descubierto una solución mejor.
O quizá descubramos que la revolución era muy sencilla mientras la casa siempre fuera la del vecino.