Si alguien me hubiera dicho en octubre de 2017 que Carles Puigdemont acabaría protegiendo España de algunas de las ocurrencias más radicales de su propio Gobierno, habría pensado que estaba describiendo una película de Berlanga rodada después de consumir sustancias poco recomendables.
Puigdemont acababa de encabezar el intento de separar Cataluña del resto de España. Había proclamado una república que duró aproximadamente lo mismo que una oferta de supermercado y, cuando llegó el momento de afrontar las consecuencias, tomó una decisión distinta de la adoptada por otros dirigentes independentistas: marcharse a Bélgica. Algunos se quedaron, comparecieron ante la Justicia y fueron enviados a prisión. Él prefirió dirigir la resistencia desde un lugar en el que la resistencia incluía gofres, chocolate y una razonable distancia de seguridad respecto al Tribunal Supremo.
A mí aquello me pareció una cobardía. Me lo pareció entonces y continúa pareciéndomelo ahora. Resulta muy sencillo invitar a un pueblo a desafiar al Estado cuando uno ya tiene preparada la ruta de escape.
Sin embargo, la historia posee un sentido del humor bastante más sofisticado que el de nuestros gobernantes. Años después, aquel hombre que pretendía romper España terminó convertido en una de las principales barreras que impedían que el Gobierno español rompiera otras cosas.
Las elecciones generales produjeron una de esas composiciones parlamentarias que parecen diseñadas por un guionista aficionado al absurdo. El Gobierno necesitaba siete diputados de Junts para aprobar buena parte de sus proyectos. De pronto, el líder independentista al que media España habría enviado gustosamente a una isla desierta pasó a controlar la puerta del Boletín Oficial del Estado.
Puigdemont no se hizo españolista. No comenzó a emocionarse con el himno ni colocó una bandera española en el balcón de Waterloo. Tampoco descubrió súbitamente las virtudes de la Constitución. Continuó defendiendo sus intereses, los de su partido y los del independentismo catalán. Pero quiso el destino que Junts fuera nacionalista en lo territorial y bastante menos revolucionario en lo económico. Así, cuando el Gobierno pretendía intervenir todavía más el mercado, cargar nuevas obligaciones sobre las empresas o convertir al propietario de una vivienda en el servicio social suplente del Estado, aparecían siete diputados independentistas haciendo algo que muchos españoles jamás habríamos imaginado agradecerles:
Votar que no.
El ejemplo más reciente llegó con los llamados decretos de vivienda o decretos Maricarmen, redactados después del dramático desahucio de una mujer de ochenta y siete años. Nuestro Gobierno reaccionó ante un caso individual como suele reaccionar ante cualquier noticia que provoca indignación durante más de cuarenta y ocho horas: improvisando una transformación general del mercado inmobiliario.
Uno de los decretos reunía medidas de toda clase: algunas razonables, otras discutibles y varias nacidas de la convicción de que la vivienda aparecerá por generación espontánea en cuanto se castigue suficientemente a quienes todavía se atreven a alquilar una. Incluía nuevas regulaciones para los alquileres de temporada y por habitaciones, prórrogas extraordinarias, limitaciones de rentas, recargos fiscales y una ampliación de las suspensiones de desahucios.
El segundo decreto resultaba todavía más imaginativo. Al terminar los cinco años de un contrato —o siete cuando el arrendador fuese una persona jurídica—, el alquiler se habría prorrogado automáticamente por otros cinco o siete años. Si el propietario deseaba recuperar la libertad de decidir qué hacer con su vivienda, tendría que avisar con seis meses de antelación y pagar al inquilino una indemnización equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de una vivienda semejante, salvo en determinados supuestos justificados.
Es decir, el propietario podría recuperar su casa.
Solo tenía que pagar por hacerlo.
El Estado había descubierto una modalidad fascinante de propiedad privada: la vivienda seguía siendo tuya para pagar el IBI, la comunidad, las reparaciones y los impuestos, pero dejaba de serlo cuando pretendías decidir durante cuánto tiempo querías alquilarla. Para finalizar una relación contractual correctamente cumplida había que indemnizar a la otra parte como si recuperar tu propio inmueble constituyera una especie de despido improcedente.
Es difícil imaginar una manera más eficaz de animar a los propietarios a retirar viviendas del alquiler o de convencer a quien esté pensando en ofrecer una de que la deje cerrada, la venda o la convierta en almacén de muebles antiguos.
Y entonces apareció Puigdemont.
Junts votó en contra. Sus siete diputados, unidos a los votos del Partido Popular, Vox y UPN, hicieron decaer los dos decretos. Durante unas horas, el hombre que había intentado independizar Cataluña se convirtió en el defensor accidental del derecho de un propietario de Cáceres, Madrid o Albacete a no tener que pagar doce mensualidades para recuperar su vivienda.
Gracias, Carles.
No me resulta sencillo escribirlo.
Necesito unos segundos.
Pero no ha sido la única ocasión. En septiembre de 2025, Junts también resultó decisivo para frenar el proyecto que pretendía reducir por ley la jornada laboral máxima a treinta y siete horas y media semanales sin disminución salarial. La propuesta sonaba estupendamente en un cartel electoral: trabajar menos y cobrar lo mismo. Resulta sorprendente que nadie añadiera también vacaciones de seis meses, desayuno gratuito y un unicornio corporativo para cada empleado.
Reducir la jornada laboral puede ser una aspiración razonable. El problema consiste en imponer exactamente la misma reducción, en el mismo momento y desde un despacho ministerial, a una multinacional, una pequeña tienda, un taller, una peluquería y un restaurante familiar. El Gobierno parecía convencido de que la productividad aumentaría obedientemente en cuanto el Boletín Oficial del Estado modificara una cifra.
Junts justificó su rechazo por el impacto que la medida podía tener sobre autónomos y pequeñas y medianas empresas. Sus votos volvieron a sumarse a los del Partido Popular y Vox, y el proyecto fue devuelto al Gobierno por 178 votos frente a 170.
Puigdemont había vuelto a salvar España.
O, al menos, había impedido que el Gobierno resolviera por decreto el pequeño inconveniente de que las horas de trabajo cuestan dinero y las empresas no fabrican billetes en el almacén.
Algo parecido ha ocurrido con distintos decretos ómnibus. El Ejecutivo adquirió la costumbre de introducir en un mismo paquete la subida de las pensiones, las ayudas al transporte, medidas fiscales, subvenciones, moratorias de desahucios y cualquier otra disposición que encontrara abandonada por los pasillos de un ministerio. Después presentaba el conjunto ante el Congreso y preguntaba solemnemente quién se atrevía a votar contra los pensionistas.
Era una forma bastante elegante de utilizar a los jubilados como envoltorio legislativo.
Cuando Junts rechazó uno de esos paquetes, el Gobierno tuvo que dividirlo, negociar y recuperar por separado las medidas que sí podían reunir una mayoría. La subida de las pensiones regresó. Las bonificaciones al transporte regresaron. Las ayudas por la dana regresaron. Otras disposiciones quedaron fuera o tuvieron que negociarse de nuevo.
Eso es precisamente lo que debería suceder en un Parlamento.
Cada medida debería poder defenderse por sí misma, sin esconderse detrás de una pensión, una catástrofe natural o una subvención al transporte público. Si una norma solo consigue aprobarse porque votar contra ella permite acusar al adversario de abandonar a los ancianos, quizá el problema no sea el adversario.
Naturalmente, no todos los proyectos bloqueados por Junts eran disparates. Tampoco cada voto negativo ha constituido un servicio a España. Una oposición automática puede ser tan irresponsable como una obediencia automática, y entre las normas frenadas había medidas perfectamente defendibles. Puigdemont no actúa movido por el bienestar de los españoles, sino por sus intereses políticos, su estrategia negociadora y la supervivencia de su partido.
No conviene confundir al bombero accidental con un héroe.
Especialmente cuando el bombero participó anteriormente en el incendio.
Puigdemont ha utilizado sus votos para obtener concesiones, imponer negociaciones y mantener al Gobierno pendiente de sus decisiones. Recibió una ley de amnistía y ha conseguido una influencia nacional que sus resultados electorales nunca le habrían proporcionado por sí solos. No está salvando España por amor. La está salvando, algunas veces, por casualidad, por cálculo o porque determinados proyectos del Gobierno también perjudicarían a propietarios, autónomos y empresas catalanas.
Pero el resultado sigue siendo extraordinario.
El dirigente que quería sacar a Cataluña de España ha terminado impidiendo que el Gobierno español pueda imponer sin límites las políticas económicas de su sector más radical. El independentismo catalán, creado para debilitar al Estado, se ha convertido en uno de los contrapesos que ese mismo Estado necesitaba.
No nos salvó el Senado.
No nos salvó la separación de poderes.
No nos salvó una reflexión profunda del Consejo de Ministros.
Nos salvaron siete independentistas preocupados por las pequeñas empresas catalanas, los propietarios catalanes y, sobre todo, por continuar siendo necesarios.
La patria nunca había contado con un mecanismo de seguridad tan poco entusiasta.
Quizá dentro de algunos años los libros de historia dediquen una pequeña nota a esta paradoja. Carles Puigdemont no consiguió construir la república catalana, pero ayudó involuntariamente a evitar que el Gobierno de España convirtiera cada contrato de alquiler en una relación casi perpetua, cada pequeño propietario en una oficina de vivienda social y cada negocio en un experimento económico diseñado por alguien que jamás había pagado una nómina.
No sé cuánto tiempo conservará ese poder. Las etapas políticas terminan y probablemente la suya también esté acercándose al final. Pero los españoles deberíamos reconocer el servicio prestado, aunque sea con la incomodidad de quien descubre que el extintor lleva estampada la cara del pirómano.
Gracias, señor Puigdemont.
No le absolvemos por 2017.
No vamos a levantarle una estatua.
No espere que cantemos Els Segadors.
Pero mientras el Gobierno continúe confundiendo la protección social con obligar a otro ciudadano a pagar sus promesas, puede seguir pulsando el botón rojo.
Resulta doloroso admitirlo, pero la historia nos ha colocado en una situación verdaderamente insólita.
Puigdemont está salvando mi nación.
Solo le pediría que, cuando termine, no vuelva a intentar independizar una parte de ella.
